Con los votos de 74 diputados de la Asamblea Legislativa, fue aprobada la reforma a la Ley de Ahorro para Pensiones y fue sancionada por el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, en 2017.

Con los nuevos cambios, las aportaciones para las pensiones subieron, se disminuyó la comisión de las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se estableció  un tope en las pensiones y se creó un fondo solidario.

Todos los partidos avalaron la reforma que aumentaría las aportaciones, impactaría en la disminución en la comisión de las AFP, puso pensiones tope y se creó un fondo solidario, entre otros. 

Estas modificaciones sirvieron para reestructurar la deuda de $91 millones de capital e intereses de los certificados de Inversión Previsional (CIP) que debían cancelarse a más tardar el próximo 4 de octubre del 2017.

Los salvadoreños que cotizan al sistema de pensiones han perdido $3,567 millones en rentabilidad por las bajas tasas de interés que el Estado les ha pagado a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

Datos de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) señalan que desde 2008 el Estado ha pagado tasas extremadamente bajas por el dinero que los ciudadanos han ahorrado por años para jubilarse.

El FMLN prevé que el problema previsional se repita en cinco o 10 años, pero dice que seguirá luchando por un modelo más justo porque este no es lo mejor.