El Plan Control Territorial ejecutado por el gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado una importante reducción de los homicidios; la población pide a los diputados que aprueben los recursos necesarios para que el Plan siga funcionando, en espera que los días de dolor que marcaron su historia no se repitan.

En 2016, once trabajadores fueron asesinados en una zona rural del municipio de San Juan Opico, en La Libertad. Ocho de las víctimas eran empleados de una empresa distribuidora de energía y los otros tres eran agricultores de la zona, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Ambas instituciones dijeron que esta matanza fue cometida por miembros de la pandilla del sector.

Fue la masacre con más víctimas en 2016. Perpetrada en el caserío Las Flores, en el cantón Agua Escondida, en San Juan Opico.

Inicialmente, la PNC informó de la muerte violenta de siete empleados de la distribuidora de energía, quienes fueron emboscados cuando realizaban perforaciones para la instalación de postes del tendido eléctrico. Una octava víctima fue reportada como desaparecida, pero minutos después la misma PNC confirmó el hallazgo del octavo cadáver, a unos 200 metros de distancia.

Las víctimas fueron encontradas boca abajo y maniatadas. Las pesquisas arrojaron, no más de una hora después, que las víctimas en total eran 11: los otros tres hombres eran agricultores de la zona y fueron encontrados en la periferia de la primera escena. La PNC informó que los primeros indicios de la investigación arrojan que los jornaleros fueron asesinados por ser testigos circunstanciales de la masacre.

La versión preliminar del homicidio es que los empleados de la empresa Energía y Suministros viajaron a la zona para efectuar trabajos de instalación y distribución de energía, en el vehículo particular placas P 347-398, que tenía las siglas CLT. Tres de ellos, identificados como Gerson Carlos Carías Murcia, de 26 años; Erick Salvador Durán, de 24 años; y su primo Marvin Iván Durán Santos, de 27, quienes eran originarios del municipio de Cuisnahuat (Sonsonate).

La empresa Energía y Suministros había sido subcontratada por la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña (EDESAL). Según un empleado de Energía y Suministros que acudió a la zona del múltiple crimen, Carías y Durán tenían apenas cuatro días de haber sido contratados. Durán Santos, en cambio, laboraba con ellos desde que tenía 18 años.

Otras de las víctimas fueron identificadas como Jorge Alberto Colorado, de 47 años; José Alonso Martínez Navarro, de 35; José Carlos Espinoza Beltrán, de 24; Jónatan Gabriel Castellanos, de 25; Francisco Javier Ábrego, de 34; Miguel Ángel Hernández, de 58; y José Alonso Menjívar.