Según un listado de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia hay más de 60 expedientes que ya prescribieron, mientras que otros llevan años pendientes, sin presentar avances, como el del diputado de ARENA, Carlos Reyes.

Diputados actuales y de períodos anteriores, ex ministros y alcaldes figuran en la lista de investigaciones que tiene la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que analiza las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. La mayoría de procesos tienen años engavetados y sin presentar avance, uno de los casos destacados es del diputado del partido ARENA, Carlos Armando Reyes Ramos, quien tiene un expediente abierto desde 2016.

El incremento en el patrimonio de Reyes, que pasó de $850,000 a rondar los $1.7 millones en un periodo como diputado, entre 2012 y 2015, hizo que fuera incluido en un listado funcionarios a los que Probidad investigaba por presuntos indicios de enriquecimiento ilícito. Han pasado cuatro años y el caso de investigación se encuentra en adenda de informe enviado a comisión, según el Observatorio Ciudadano a la Fiscalía General de la República de Acción Ciudadana (AC).

«El diputado debería ser investigado y el problema de la sección está atrasada en todos los casos, después de que la sección que tenía una dinámica mucho más intensa ahora prácticamente está dormida», dijo Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), institución que representa a Transparencia Internacional en el país.

Reyes lleva 23 años como legislador y busca aferrarse a ese puesto por tres años más. Desde 1997 su patrimonio ha ido en aumento. Desde 1997, su patrimonio de $376,571.14 en concepto de bienes inmuebles incrementó a $546,371. 42 para el 30 de abril de 2000.

Pero en su declaración de toma de posesión el 1 de mayo de 2018, Reyes reportó un salario mensual de $4,854.30; su riqueza familiar ascendía a $1,683,453.25, compuesta por sus propiedades de $1,523,066.40 e ingresos familiares de $162,290.61.

El caso de Reyes es uno de los tantos que parecen estar archivados o congelados en Probidad, varios de los cuales ya prescribieron o ya pasaron 10 años, plazo límite que establece la Constitución, desde que se presenta la declaración patrimonial de cese de funciones, por lo que ya no pueden ser juzgados.

En un listado de la sección de Probidad «Casos de investigación prescritos en el 2018», actualizado hasta el 14 de diciembre pasado, hay al menos 13 personas señaladas que después de 2008 no desempeñaron cargos públicos y que sus casos ni siquiera iniciaron un proceso.

Entre los exfuncionarios con casos prescritos está el exsecretario de la Juventud y expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), César Daniel Funes Durán, quien fungió en los cargos entre 2004 a 2006, y 2006 a 2008, respectivamente.

El expediente de Funes Durán aparece en estado «sin iniciar» según el listado de Probidad, sin embargo, en la vía penal el ex funcionario fue condenado en 2018 a cinco años de cárcel por ser cómplice del ex presidente Elías Antonio Saca en la trama de lavado de más de $300 millones, además fue sentenciado a devolver al Estado $886,000 en concepto de responsabilidad civil.

Funes Durán también fue salpicado en la investigación de la CSJ que determinó que $15.8 millones fueron retirados ilícitamente de cuentas de la Presidencia. La investigación reveló que el dinero lo recibió Élmer Chalaix y Funes Durán a través de cheques emitidos por Saca.

Otro de los expedientes prescritos es del actual diputado Rodrigo Ávila Avilés (ARENA), quien fungió como director de la Policía Nacional Civil, entre 2006 y 2008; y como Viceministro de Seguridad Ciudadana, en 2004 a 2008. Al asumir el cargo Ávila declaró un patrimonio de $617,875 y al salir, dos años después, su riqueza fue $855,209.

Otro informe «Casos de investigación prescritos que no han sido iniciados», con fecha 26 de febrero pasado, aparecen más de 100 expedientes caducados, en varios de ellos Probidad tiene incompleto de notificar o de procesar la información.

Entre algunos de los expedientes está el del fallecido Julio Humberto Rank Romero, quien fue secretario de Comunicaciones de la Presidencia de Saca y cuya declaración de cese de funciones fue presentada el 31 de mayo de 2009. Rank fue condenado por lavado de dinero en el caso Saqueo Público. Falleció el mes pasado.

Otros ex funcionarios que figuran en dicho listado de casos prescritos son, el ex ministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo Arguello; Carlos Guerrero, ex ministro de Medio Ambiente; Eduardo Antonio Zablah Touché, ex secretario técnico de la Presidencia y Yolanda Mayora de Gaviria, ex ministra de Economía.

También aparecen en ese mismo estado Felix Safie Parada, cuando fue director ejecutivo del Centro Nacional de Registros; los ex ministros de Defensa Nacional, Humberto Corado, Juan Martínez, Marco Palacios, Rafael Humberto Larios, Humberto Corado Figueroa y el ya fallecido René Emilio Ponce.

Para Rubio, la tardanza de investigación no es justificable y «no sabría decir si la lentitud de los casos es por acto político o es porque continúa la queja que la sección tenía pocos abogados y por eso no podían procesar porque no se ponían de acuerdo en los criterios de selección. Todo esto puede haber atrasado, puede haber interés, obviamente todas las instituciones están contaminadas de influencias políticas».

Sin embargo, para el director de Funde «un buen gesto de Probidad, de la asamblea actual o futura, sería que los casos no prescriban y revitalizar la sección además de poner presión para que se ventilen más los casos públicamente».

 Para los organismos que velan por la transparencia en el país, otro de los factores de los que se han favorecido funcionarios o ex funcionarios es la lentitud con la que la Fiscalía General de la República ha llevado a tribunales los casos en los que encontró indicios de corrupción de enriquecimiento ilícito.

CASOS PUEDEN SER JUZGADOS ANTE TRIBUNAL CIVIL

En agosto del año pasado trascendió que el Pleno de la Corte Suprema decidió revisar algunos casos caducados y así examinar presuntas irregularidades y de no ser justificadas sus riquezas remitir a los ex funcionarios a tribunales civiles para que la Fiscalía General de la República investigue el presunto enriquecimiento ilícito.

Se intentó ahondar más sobre este procedimiento para los casos prescritos y la justificación de tardanza en expedientes abiertos como el del diputado Reyes, sin embargo, hasta el cierre de la nota no se obtuvo respuesta de Probidad.

Otra de las críticas que se hacen desde la sociedad civil es que a los funcionarios se les investiga o juzga sus riquezas patrimoniales con una ley que data del siglo pasado: de 1959.

PROCESOS DE PROBIDAD

Todos los funcionarios y empleados públicos que hayan ejercido su cargo por elección están obligados a presentar su declaración patrimonial en la que deben justificar «sus activos, pasivos, ingresos y egresos, dentro y fuera del territorio nacional, para que sirva de elemento de juicio en la calificación de la licitud de la eventual variación de su patrimonio y del correspondiente a su grupo familiar», dice la Ley de Probidad.

Dicha sección de la CSJ revisa la declaración de patrimonio para confirmar si existen o no montos injustificados que insinúan indicios de enriquecimiento ilícito, que se traduce a «cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener».

Fuente de noticia e investigación: https://diarioelsalvador.com/