Una de las consecuencias de la guerra civil en El Salvador fue el descenso de la población salvadoreña. En total, murieron y desaparecieron 75.000 personas. Para ese entonces, había 4,5 millones de habitantes en el territorio nacional. Es decir, 2% de la población perdió la vida en el conflicto.
Los heridos y los fallecidos
otra de las consecuencias de la guerra civil en El Salvador fue la gran cantidad de heridos que dejó. Se calcula que fueron miles, al igual que muchos terminaron con graves mutilaciones por culpa de las armas de fuego y las minas antipersonales. La tragedia los incapacitó de por vida. Asimismo, la mayoría quedó con secuelas psicológicas y estrés postraumático, sobre todo los que sufrieron violaciones y vejaciones. También muchos niños quedaron huérfanos de padre, madre, o ambos.
Daños materiales
Otra de las grandes consecuencias de la guerra civil en El Salvador fue el impacto negativo en la infraestructura del país. Se perdieron puentes, carreteras, torres de transmisión eléctrica, entre otros. Algunos completamente destruidos y otros severamente dañados.
Crisis económica
La economía se fue a pique con el conflicto bélico interno. Hubo una grave fuga de capitales y las empresas se vieron en la obligación de cerrar, o irse del país. Este hecho paralizó el motor productor de El Salvador durante toda una década. Hoy en día, todavía reconstruyen su infraestructura económica. A pesar de que han pasado más de 25 años desde la guerra, las heridas aún permanecen en el pueblo salvadoreño. Sin embargo, desde ese nefasto evento, El Salvador adoptó una postura política democrática.
FMLN y ARENA: 30 años después trabajando unidos
26 años después de la primera amnistía, abolida en 2016, Arena encuentra ahora en el FMLN un aliado para una ley que promueve la impunidad y que incluso busca anular los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad; convirtiendo ese documento en una pieza de museo y no una prueba judicial. Junto al PDC y PCN, los dos grandes partidos de la posguerra también quieren que no haya ninguna condena para los violadores de derechos humanos, excepto un pago en concepto de responsabilidad civil sin «afectar su proyecto de vida».