La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para establecer una política de «cero tolerancia» hacia los conductores ebrios o drogados. Las nuevas medidas aumentan las penas carcelarias para quienes conduzcan bajo efectos de sustancias. Las sanciones para vehículos comunes pasarán de 2 a 5 años, y en casos de homicidio o lesiones, hasta 10 años de prisión. En el transporte colectivo o de carga, las penas podrán llegar hasta 15 años.

Además, se suspenderá temporalmente la licencia de conducir a quienes sean sorprendidos conduciendo con alcohol en sangre, incluso si es un grado bajo. La reforma también facilita la aplicación de pruebas de alcohol por parte del Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, agilizando el proceso. También se establece que la conducción peligrosa será procesada judicialmente, independientemente de una conciliación con la víctima si hay víctimas mortales.

Estas reformas buscan mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes causados por conductores irresponsables, reafirmando el compromiso del gobierno con la protección de la vida.