La renuncia de los representantes de la empresa privada y academia a su pertenencia al Comité Supervisor de los $2 mil millones para reactivar la economía y aliviar a la micro, pequeña y mediana empresa luego del embate del COVID-19, ha generado asombro tanto en la población como en el gobierno.

La sorpresiva renuncia de los sectores más críticos del gobierno, aquellos que piden constantemente por su inclusión y transparencia, se debe a la renuencia de estos hacia la presentación de una declaración patrimonial al inicio de su mandato y al final del mismo.

Las declaraciones patrimoniales son una forma de control de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y un requisito de ley. Cabe destacar que la CCR no es una institución del Órgano Ejecutivo.

Esto deja claras las intenciones de la gran empresa, representada en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Muchos de los empresarios presentes en dichas entidades formaron parte de los gobiernos de ARENA, por lo que no sorprende que se nieguen a presentar una declaración patrimonial.

El principal objetivo de estas entidades era repartir un pastel en el que la mayor porción iría dirigida hacia ellos, dejando nuevamente a los más necesitados como ciudadanos de segunda clase y totalmente desprotegidos. Al igual que sucedió con el saqueo del donativo de Taiwan durante los terremotos de 2001.